La “Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios”, tiene como objeto la promoción y realización de evaluaciones de las políticas y programas públicos, favoreciendo el uso racional de los recursos públicos y el impulso de a gestión de la calidad de los servicios. El Gobierno encargará a esta Agencia cada año el análisis de las políticas públicas que considere necesario evaluar y remitirá anualmente un informe al Congreso de los Diputados, acerca de la actividad desplegada por las Agencias Públicas y sus compromisos para mejorar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos.

Según el Ministro Jordi Sevilla este nuevo organismo servirá para conocer mejor los efectos y resultados de las políticas y programas públicos, así como para mejorar la rendición de cuentas a la ciudadanía. Es la primera Agencia Estatal que se constituye con la finalidad de:

*Promover cultura y prácticas de evaluación.
*Elaborar metodologías y sistemas de información e indicadores.
*Fomentar la calidad de los servicios como compromiso con la ciudadanía y
*Analizar las actividades y servicios prestados a los ciudadanos por las Agencias Estatales.

En palabras del ministro Jordi Sevilla, esta nueva Agencia “no sustituye la capacidad de decisión de los gestores públicos. Se trata de suministrar valoraciones técnicas independientes, con recomendaciones argumentadas y rigurosas, para que quienes deciden lo hagan en mejores condiciones”. La Agencia de Evaluación contribuirá a:

- Mejorar los servicios públicos: elevando los niveles de calidad y atención a las demandas sociales.
- Mejorar el diseño de las políticas y programas: analizando los efectos y resultados obtenidos.
- Racionalizar el gasto público: optimizando los recursos y su utilización más eficiente.
- Aumentar la rendición de cuentas y la calidad democrática: promoviendo transparencia, participación y consulta a los ciudadanos y actores sociales.
- Favorecer la competitividad y la productividad de la economía española: eliminando obstáculos a los emprendedores y promoviendo mejoras en la regulación.

Desde el Ministerio de Administraciones Públicas –MAP-, se asegura que la citada Agencia de Evaluación ayudará a racionalizar el gasto público, optimizando los recursos y su utilización más eficiente y que contribuirá a aumentar la rendición de cuentas y la calidad democrática, promoviendo "transparencia, participación y consulta" a los ciudadanos y actores sociales, y a favorecer la competitividad y la productividad de la economía española, eliminando "obstáculos a los emprendedores y promoviendo mejoras en la regulación".
El deseo sin duda es muy loable y el equipo de Calidad y Gestión deseamos y confiamos que a partir de ahora el ejemplo cunda en el resto de Administraciones Autonómicas y Locales españolas, especialmente en lo que concierne a la rendición de cuentas y la calidad democrática, promoviendo la transparencia, participación y consulta.
Sin embargo las evidencias no son muy alentadoras, y los ejemplos de poca transparencia en la gestión pública son habitualmente denunciados desde distintas Instituciones públicas y privadas. A título de ejemplo, transcribimos la siguiente información que se publica hoy en un diario de Aragón:

El Tribunal de Cuentas, ha detectado numerosas irregularidades en la contabilidad de 2002 del Gobierno de Aragón y todas sus “entidades satélites”. Según el diario Heraldo de Aragón (en su edición del día 4 de Enero de 2007), el último informe del Tribunal de Cuentas critica la falta de control en empresas públicas del Gobierno de Aragón -la DGA- y exige criterios "claros y precisos" en las licitaciones. Por ejemplo el Tribunal de Cuentas, que audita el año 2002, denuncia la existencia de facturas que se pagan a empresas con las que no hay vínculo contractual, subvenciones que se reparten directamente "sin acreditar" las razones por las que se elige ese sistema, falta de publicidad y ocultación de información en las licitaciones, adquisiciones de capital público sin el preceptivo decreto del Departamento de Economía, etc. En el capítulo de empresas públicas, destaca el toque de atención a Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) y a Plataforma Logística de Zaragoza (Pla-Za). Se advierte -entre otras irregularidades- que el gerente de la sociedad pública SVA, controlada por el Departamento de Obras Públicas, ha suscrito contratos de trabajo "sin estar facultado para ello". Otra de las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas ha sido la forma de contratar el personal por las empresas públicas de la DGA. ya que "El proceso selectivo del personal no se ha realizado en base a los principios de igualdad, mérito y capacidad". Esta afirmación podría explicar el motivo de por qué el Ejecutivo PSOE-PAR se ha negado recientemente en las Cortes de Aragón a dar el listado de personal contratado a través de sus múltiples sociedades públicas. Las dudas del Tribunal sobre una posible conculcación a la legalidad se amplían a las licitaciones. Así, el informe denuncia que Pla-Za ha realizado contrataciones "sin que conste en el expediente la autorización por parte del Gobierno de Aragón", como marca la ley a partir de determinadas cuantías. Además, advierte que también en esta empresa "se han realizado actuaciones contractuales sin ajustarse a los principios de publicidad y concurrencia".

Editorial: Calidad y Gestión